La respuesta del gobierno a los profesores, desconociendo la deuda histórica – se dice que no hay nada pendiente – apoyados en una supuesta resolución o informe de la contraloría, en el sentido de, que si habría un compromiso, este estaría prescrito, tiene ribetes por lo bajo escandalosos.
Primero, desde un punto de vista ético, el estado no puede desconocer lo que es obvio y evidente, pues cuando se traspasaron las escuelas al sistema publico, los profesores tenias ya aprobado – previamente – un importante reajuste en los sueldos, para compensar de alguna manera, la brutal caída de sus ingresos en los años posteriores al golpe militar, esto ocurrió en 1981 – el traspaso – por lo tanto, todo el mundo esta al tanto y maneja los antecedentes.
Segundo lugar, precisamente el año pasado el gobierno llego a un acuerdo con el congreso, de formar una comisión – la cual fue presidida por el diputado Carlos Montes – y en que todos concluyeron que se hizo un estudio brillante, esto no solo permitió establecer el monto de la deuda, si no el nombre de cada profesor que tenia derecho a esa recompensación. La cifra que se acumulo desde el año 1981 es impagable, por consiguiente se logro negociar un monto al parecer razonable – un monto posible de pagar – alrededor de 1.500 millones de dólares. Así se consensuaron, se avalaron varias formas para pagar, desde usar parte de los excedentes de la ley reservada del cobre – dinero con que originalmente se compran armas – hasta un impuesto especial con algún tipo de bonificación.
La verdad de las cosas, no es razonable que en democracia se de una respuesta tan vaga, basado en un estudio, del cual nadie sabe su origen, no puede ser que la contraloría general de la republica, prescriba una deuda del estado con particulares. No solo porque esto seria atribuir facultades a la contraloría que no tiene – sin mencionar cuanto poder esta adquiriendo esta identidad, al punto de desbordar otros poderes del estado – claro, están haciendo cosas que la ley faculta ni permite. Todos sabemos que cuando se cambia de empleador, las deudas no desaparecen, por lo tanto si es que la contraloría emitió un fallo de esta naturaleza, seria un hecho aberrante.
Esto es un “horror político”, claro, el profesorado ahora esta en todo su derecho para iniciar hoy mismo, una huelga ininterrumpida e indefinida, todo esto con el respaldo político de la propia colación gobernante de algo que es inadmisible. Es que no puede el estado, desconocer las deudas con sus ciudadanos.
Ya esta el conflicto mapuche – pero parece que no aprendieron de este – hay innumerables casos de compromisos con ciudadanos, que se han visto perjudicados por el estado en sus garantías, además después se les ha mezquinado, se les ha regateado, se les postergan beneficios hasta que todo esto inicia un conflicto. Como no recordar el caso de los conscriptos muertos en Antuco – una verdadera matanza por irresponsabilidades del alto mando – caso que aun no se aclara y mucho menos esta cerca de una solución.
Llego el momento que los parlamentarios honren su vez sus propios compromisos, ni un peso para educación mientras no se aclaren otros temas, porque en estos esta de por medio la credibilidad del estado – no solo de los funcionarios – si no del Estado de Derecho, no se puede, no se debe desconocer las deudas que se tienen con nuestros propios ciudadanos.
Primero, desde un punto de vista ético, el estado no puede desconocer lo que es obvio y evidente, pues cuando se traspasaron las escuelas al sistema publico, los profesores tenias ya aprobado – previamente – un importante reajuste en los sueldos, para compensar de alguna manera, la brutal caída de sus ingresos en los años posteriores al golpe militar, esto ocurrió en 1981 – el traspaso – por lo tanto, todo el mundo esta al tanto y maneja los antecedentes.
Segundo lugar, precisamente el año pasado el gobierno llego a un acuerdo con el congreso, de formar una comisión – la cual fue presidida por el diputado Carlos Montes – y en que todos concluyeron que se hizo un estudio brillante, esto no solo permitió establecer el monto de la deuda, si no el nombre de cada profesor que tenia derecho a esa recompensación. La cifra que se acumulo desde el año 1981 es impagable, por consiguiente se logro negociar un monto al parecer razonable – un monto posible de pagar – alrededor de 1.500 millones de dólares. Así se consensuaron, se avalaron varias formas para pagar, desde usar parte de los excedentes de la ley reservada del cobre – dinero con que originalmente se compran armas – hasta un impuesto especial con algún tipo de bonificación.
La verdad de las cosas, no es razonable que en democracia se de una respuesta tan vaga, basado en un estudio, del cual nadie sabe su origen, no puede ser que la contraloría general de la republica, prescriba una deuda del estado con particulares. No solo porque esto seria atribuir facultades a la contraloría que no tiene – sin mencionar cuanto poder esta adquiriendo esta identidad, al punto de desbordar otros poderes del estado – claro, están haciendo cosas que la ley faculta ni permite. Todos sabemos que cuando se cambia de empleador, las deudas no desaparecen, por lo tanto si es que la contraloría emitió un fallo de esta naturaleza, seria un hecho aberrante.
Esto es un “horror político”, claro, el profesorado ahora esta en todo su derecho para iniciar hoy mismo, una huelga ininterrumpida e indefinida, todo esto con el respaldo político de la propia colación gobernante de algo que es inadmisible. Es que no puede el estado, desconocer las deudas con sus ciudadanos.
Ya esta el conflicto mapuche – pero parece que no aprendieron de este – hay innumerables casos de compromisos con ciudadanos, que se han visto perjudicados por el estado en sus garantías, además después se les ha mezquinado, se les ha regateado, se les postergan beneficios hasta que todo esto inicia un conflicto. Como no recordar el caso de los conscriptos muertos en Antuco – una verdadera matanza por irresponsabilidades del alto mando – caso que aun no se aclara y mucho menos esta cerca de una solución.
Llego el momento que los parlamentarios honren su vez sus propios compromisos, ni un peso para educación mientras no se aclaren otros temas, porque en estos esta de por medio la credibilidad del estado – no solo de los funcionarios – si no del Estado de Derecho, no se puede, no se debe desconocer las deudas que se tienen con nuestros propios ciudadanos.