Hoy temprano tome un taxi, le pedí a quien manejaba que sintonizara alguna radio, quería saber en que iba lo de la desaparición del avión en Juan Fernández, pero hablaban de los paros estudiantiles y la reunión de Piñera con los representantes de estos y otros actores del problema. Pasaron algunos minutos y el taxista me comento que uno de sus hijos era alumno del Instituto Nacional, también me dijo que su mujer ganaba 500 mil pesos mensuales y que el – de igual manera – andaba cercano a esa cifra, por lo tanto no entraban en el 60% mas pobre de la población y por esto su hijo no tendría opción alguna para postular a alguna clase de beca para costear sus estudios universitarios.
El taxista tiene toda la razón – desgraciadamente – el Crédito con Aval del Estado (CAE) no resuelve los problemas de financiamiento de la educación superior de los hijo de una familia con ingresos mensuales de 1 millón de pesos, porque las tazas de interés son altas – en torno al 6% anual – y porque el crédito se paga a todo evento, lo cual es un riesgo grande si el alumno no llegara a tener ingresos suficientes para pagar su deuda. Para que el ingreso de los padres no determine quienes acceden a la educación superior es importante modificar el sistema de crédito universitario, se debe igualar las tazas que pagan todos los estudiantes de la educación superior al torno del 2% anual a la cual – hoy – solo tiene acceso la minoría de estos, se debe hacer que el monto a cancelar dependa de los ingresos que reciba el estudiante cuando trabaje, quienes tengan ingresos bajos, no pagan, quienes logren ingresos altos, pagan mucho mas que los que terminen con ingresos medios, los cuales también pagaran algo.
Me pregunto entonces – pensando en el hijo del taxista – por qué el Fondo Solidario, al que tienen acceso sólo estudiantes de las universidades tradicionales, tiene las características antes señaladas, mientras que el CAE al cual tiene acceso parte del resto del estudiantado cobra intereses mucho más altos y lo hace independientemente del ingreso laboral que terminan teniendo estas personas. Es importante saber que una vez el pago del crédito esta supeditado a que el estudiante obtenga ingresos medios o altos cuando trabaje, no se necesita de los bancos para cobrar los créditos, como la inmensa mayoría – de dichos estudiantes – terminaran en la economía formal pagando impuesto a la renta, dicho cobro lo puede realizar el Servicio de Impuestos Internos, a un costo menor y con mayor efectividad que la banca, simplemente cobrando el crédito junto a la declaración de renta.
Un desafió que se debe tener en cuenta es que las universidades no financien otras actividades, como la investigación o la extensión, mediante los palos – verdaderos garrotazos – que pegan los 30 de cada mes a sus alumnos. Con un sistema de créditos de amplio alcance, la demanda no será muy sensible a los aranceles que cobran las diferentes carreras, por lo cual la tentación será mucho mayor que la existente hasta ahora, pero hacerse cargo de este problema es más difícil de lo que parece ser – las propuestas ofrecidas no son del todo convincentes – sin duda es un tema que requiere mayor ahínco y trabajo en conjunto.
También se debe tener en cuenta que los hogares enfrentan dificultades para evaluar la calidad de la carrera que su hijo(a) escogerá, esto requiere mejorar el sistema de acreditación, haciéndolo más exigente e incorporando el desempeño laboral de los ya egresados. El MINEDUC debe publicar que fracción egresa y como les va en el mercado laboral a los estudiantes de cada carrera y de cada casa de estudios, en la actualidad – dicha información – solo existe a nivel de una carrera, sin hacer diferencias entre cada institución, lo cual dista mucho y se encuentra lejano a lo optimo, también se debe publicar los ingresos familiares – promedio – de los estudiantes al momento de la matricula, todo esto buscando considerar el origen socioeconómico al comparar los ingresos laborales.
Volviendo a la anécdota inicial – mi conversación con el taxista – y teniendo en cuenta que la educación es uno de los sectores que la productividad crece más lentamente – es difícil reemplazar profesores en las aulas – es importante que toda familia para la cual los aranceles universitarios excedan un cierto porcentaje de sus ingresos tengan acceso al nuevo crédito para la educación superior. A diferencia de la propuesta delineada – por la CONFECH – la gratuidad en el sistema universitario es regresiva, porque no tiene sentido utilizar los siempre escasos recursos públicos para los estudiantes que tienen la posibilidad de costear los aranceles, así como tampoco tiene sentido entregar educación gratuita a estudiantes que terminan obteniendo altos ingresos, aun si estos previenen de hogares que no pueden costear sus carreras, subsidios de este tipo también terminarían siendo regresivos, porque benefician a quienes terminan en los sectores altos de ingreso con recursos que podrían haberse destinado a quienes quedan en el camino y no tuvieron la posibilidad de acceder a estudios superiores.
Con estudiantes y apoderados bien informados las buenas instituciones de educación superior serian exitosas y aquellas – no son pocas – que aportan poco o nada a sus alumnos no lograrían atraerlos, de esta manera las universidades de mala calidad tengan o no tengan “fines de lucro” terminarían desapareciendo, cabe notar que hay universidades tradicionales de dudosa calidad también, que la ausencia de lucro no garantiza calidad. El problema en la actualidad es que es muy difícil evaluar las diversas carreras e instituciones de educación superior, porque hay una ausencia importante de información y si no existe la voluntad política o la destreza técnica para modificar esta situación, prohibir las instituciones que, en la practica, tienen fines de lucro se puede justificar, por el contrario, si se transparenta la utilización de recursos y como les va a los alumnos en el mercado laboral, una prohibición de este tipo deja automáticamente de justificarse.
EL diseño propuesto hasta ahora – por todas las partes – tiene poco y nada de novedoso, fue creado hace más de 50 años y se ha aplicado en varios países durante las ultimas décadas. No obstante lo anterior, se trata de una aproximación al problema del financiamiento de la educación superior que dista de los extremos que simplifican las cosas más de lo razonable, porque tiene en cuenta las limitaciones de la provisión pública y el uso poco eficiente que se hace de los recursos fiscales en varias universidades tradicionales, considera que los recursos que tendrá el Estado – aun después de una eventual reforma tributaria – seguirán siendo limitados. Finalmente, porque tiene en cuenta que en educación superior no están dadas las condiciones para que oferta y demanda – aun si son acompañadas de subsidios – funcionen, el rol regulatorio del Estado en esta materia es clave, porque los problemas de información son demasiado graves y la educación es el punto central para que una sociedad sea más justa y consiga un mayor desarrollo.